martes, 12 de marzo de 2019

Grabaciones de Radio Cocentaina

Grabaciones de Radio Cocentaina


- Informatiu - 7 març 2019: (del minuto 11 al 16).

- Protagonista del día - 8 març 2019: (del minuto 28 al final).

https://www.radiococentaina.com/protagonista-del-dia-8-marc-19/



Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

domingo, 4 de noviembre de 2018

FESCIMED; Película (Silencio roto) y coloquio con Quico y Montxo Armendáriz


www.fescimed.com

Coloquio sobre la resistencia armada al franquismo que tendrá lugar el 14 de noviembre a las 21h. en la Cineteca de las Naves del Matadero, sala Azcona, (Plaza de Legazpi nº 8, Madrid).
Tras el coloquio se proyectará la película “Silencio roto”.
En el coloquio participarán Quico, Montxo Armendáriz, director, Puy Oria, productora y varios intérpretes de la película.

https://www.cinetecamadrid.com/programacion/silencio-roto



Articulo de Ramon Garcia Pineiro, respuesta a mi carta abierta al PCE


Entre la amnesia y el flagelo. Elucubraciones en torno a algunos de los episodios más traumáticos de la historia del PCE.


Ramón García Piñeiro
Dr. en Historia Contemporánea por la Universidad de Oviedo

El pasado, como el cartero de James M. Cain, siempre llama a la puerta dos veces. Para darle una nueva vuelta de tuerca al aserto, Francisco Martínez López, un nonagenario militante comunista forjado en la resistencia armada antifranquista de la década de los cuarenta, emplaza al PCE a que «reconozca públicamente los repugnantes métodos que utilizó durante los años de la guerrilla antifranquista y rehabilite a las víctimas de las ejecuciones sumarias impuestas por la dirección del Partido» [1] .

[1].–Francisco Martínez-López (Quico), «Ese pasado que no tiene que caer en el olvido», eldiario.es, 10 de septiembre de 2016, (en línea: http://www.eldiario.es/cv/opinion/Carta-abierta-comunista-direccion-partido_6_556154385.html), (http://memoriacautiva.blogspot.com/2016/09/carta-abierta-de-un-comunista-la.html)


En su conmovedor alegato Quico lamenta el menosprecio del que ha sido objeto cada vez que se ha dirigido al actual secretario general del PCE con la pretensión de que se restaure la dignidad y el buen nombre de dirigentes comunistas como el asturiano Víctor García Estanillo, asesinado entre enero y abril de 1948 en Silleda (Lugo) por su propia organización. Para salir al paso de quienes pretendan desvirtuar su reclamación alegando que es extemporánea, el veterano guerrillero sostiene que en enero de 1952, una vez exiliado en Francia, ya exigió en vano a responsables del PCE cuya identidad no concreta que le fueran aclarados algunos de los hechos ahora denunciados. Tras este requerimiento inicial, admite que guardó silencio porque carecía de pruebas y porque en el marco de la dictadura franquista consideró contraproducente efectuar declaraciones que deslegitimaran la actividad opositora. Sin embargo, no termina de desvelar por qué razón, entre 1977 y la fecha de publicación de Guerrilleros contra Franco, no reclamó que entonaran públicamente la palinodia quienes tomaron las reprobables decisiones que condena, en aquel tiempo todavía al frente del PCE.

En puridad, a otros palos correspondería haber sostenido las velas de la rehabilitación que ahora Quico pretende agitar. Los trágicos episodios que evoca coincidieron con el ascenso de Santiago Carrillo a la cúspide de la pirámide organizativa del PCE, en la que asumió la máxima responsabilidad en la Comisión de Interior. Líster esgrimió un supuesto testimonio de Uribe para sostener que era el encargado de «asegurar las ejecuciones físicas» decididas por el Secretariado. En las distintas versiones de sus memorias, en su correspondencia y en sus manifestaciones públicas, Carrillo siempre rehuyó pronunciarse sobre estas represalias o, cuando fue requerido de forma insoslayable, respondió con evasivas. Sistemáticamente rechazó que las órdenes de asesinato hubieran partido de la dirección exiliada y descargó toda responsabilidad en los dirigentes del interior o en los equipos de pasos. Para proceder con tamaña contundencia, no precisaban de un mandato específico, ya que, según Carrillo, aplicaban una «ley no escrita de la clandestinidad», que les habilitaba para quitar de en medio, sin autorización previa, a quien comprometiera «la seguridad de los militantes clandestinos frente al terror del régimen».

Las precisiones realizadas no deben ser interpretadas como artificios retóricos de mal leguleyo para escamotear la gravedad de las prácticas políticas denunciadas por Quico. Estas tuvieron como escenario a una organización vertiginosamente precipitada desde una posición cimera bajo la República en guerra a un abismo sin salida en la posguerra. En esta etapa de sectarismo y glaciación ideológica, se retroalimentó el repliegue y aislamiento político de la organización, lastrada por un «cordón sanitario», el sinuoso devenir del exilio comunista y el recurrente exterminio de las sucesivas reconstrucciones que se intentaron en el interior. En lo más hondo del precipicio, pese a la contundencia de la derrota, no se vislumbró otra tabla de salvación que remilitarizar y jerarquizar al Partido para prolongar el conflicto armado hasta alcanzar el quimérico objetivo de voltear la correlación de fuerzas. Para ello, durante la década de los cuarenta se estimuló en sus filas un voluntarismo irracional, un discurso dogmático de una realidad impostada y la sacralización hasta el paroxismo de los principios de la disciplina y la obediencia, convertidos en los rasgos distintivos de la nueva cultura militante.

Hasta principios de los cincuenta estuvieron vigentes las coordenadas éticas de los tiempos de guerra, en las que se menosprecia la vida de quien no comulgue con las ruedas del molino, ya sea adversario, ya procede de las propias filas. En el maniqueo contexto de la Guerra Fría, con referencias paradigmáticas en el modus operandi tan aleccionadoras como las purgas estalinistas, y con un telón de fondo recurrentemente salpicado por la sangre de los activistas martirizados en el interior, el principio de la vigilancia revolucionaria y el temor a la infiltración policial franquista, no siempre sin justificación, adquirieron dimensiones rayanos en la paranoia. Planteado el pulso en términos tan drásticos, desde la dirección del PCE no se tuvo reparos en subordinar las circunstancias particulares del militante al interés supremo del Partido, del que se erigieron en sus únicos y legitimados intérpretes, y en disponer de la vida de quienes entorpecieran la consecución de sus objetivos. Fueron tiempos en los que dos principios rectores ocuparon el frontispicio de la organización política: «el Partido se fortalece depurándose» y «es mejor equivocarse con el Partido que acertar contra él».

Fue en esta excepcional coyuntura cuando las divergencias tácticas, las discrepancias políticas o las luchas por el control de la organización se estigmatizaron como ismos heréticos («quiñonismo», «monzonismo», «ladredismo», «hernandismo», «comorerismo» o, por mímesis, «titismo»), cuyos cultivadores primero fueron motejados de ególatras, ambiciosos, arribistas, aventureros, oportunistas, liquidacionistas e, incluso, degenerados, para finalmente ponerlos en el disparadero al insinuar que eran provocadores o chivatos, cuando no convictos confidentes policiales o agentes al servicio del espionaje de Falange, del inglés o del norteamericano. Así se templó el acero y se cargaron las balas que segaron la vida de militantes como Víctor García Estanillo, Pere Canals i Cambrissas, Gabriel León Trilla, Teófilo Fernández Canal, Llibert Estartús Vilas, Enrique Cantos (Alberto Pérez de Ayala) o, en otras circunstancias, Ángeles Agulló de Guillerma y Rosa Padilla Pulido; y así se urdió la trama que favoreció la captura y ulterior ejecución por el aparato represivo franquista de otros reos del mismo delito de soberbia y lesa indisciplina, como Heriberto Quiñones, Baldomero Fernández Ladreda, Mateo Obra, Luis Evaristo González, Manuel Álvarez Arias o Doroteo Ibáñez Alconchel.

A la práctica del tiro en la nuca se recurrió con mayor asiduidad para poner coto a la disidencia, la indisciplina, la deserción o la traición entre los protagonistas de la resistencia armada, donde se observaron con mayor rigidez los códigos de conducta castrense heredados de la Guerra Civil. Se aplicó tan expeditiva medida, en particular, en dos contextos: durante el proceso de formación de las agrupaciones guerrilleras, entre 1944 y 1946, y a partir de 1948, cuando se reasignaron nuevos cometidos a los guerrilleros en virtud del cambio de rumbo acordado por la dirección exiliada. Bajo la acusación de sabotear las actividades de los enviados por el Buró, de boicotear el proceso de remilitarización de las partidas de huidos impuesto por el PCE, de excluir las acciones de tipo político o de optar por conductas etiquetadas de bandoleriles fueron pasados por las armas resistentes armados como Evaristo Cruz, José López, Miguel Cardeñas Lozano, Francisco Corredor Serrano, Francisco Bas Agudo o Peregrín Pérez Galarza. Otros, como Pascual Gimeno Rufino, Juan Ramón Delicado González, Valentín Pérez o Luis Montero Álvarez, fueron condenados a la pena capital por haber salido indemnes, pese a sus antecedentes, de una detención, lo que siempre se interpretó como que se habían puesto a disposición del aparato policial franquista. Resulta aleccionador al respecto evocar cómo fue el preámbulo del interrogatorio al que fue sometido Sebastián Piera Llovera: uno de los torturadores le recordó que estaba en sus manos «hacer que te liquiden los tuyos». Muertes como las de Manuel Díaz del Valle, Redención Querol y su compañero, Miguel Montaner Escalas, que era guía del aparato de pasos, se insertan en el turbio contexto de la ilegalización del PCE en Francia, bajo una siniestra encrucijada en la que confluyen los servicios secretos españoles, franceses y soviéticos.

En su alegato, además de rememorar en términos emotivos algunos de los citados casos y demandar que sean vivificados en nuestra memoria con el honor y la dignidad que se merecen, Quico ilumina este oscuro pasado con un enfoque original, en sintonía con una determinada corriente historiográfica. Frente a la explicación más tópica de estas muertes, ofrece una perspectiva antropológica del conflicto cultural que, a su entender, subyace y contextualiza la pugna saldada con la liquidación de los activistas. Choques de identidades, diversidad de experiencias previas, concepciones de la protesta contradictorias e imaginarios colectivos antagónicos se esgrimen para explicar un conflicto surgido, a su entender, «cuando se nos trataba de imponer con la máxima violencia una cultura militarista totalmente contraria a la cultura de resistencia que nos unía desde 1936 a los campesinos, mineros, vecinos, familiares y amigos que formaban la red de apoyo a nuestro movimiento guerrillero». Más adelante apostilla que los sicarios con sus acciones pretendían erradicar «una cultura de resistencia autóctona con fuerte anclaje social».

Con independencia de que atribuya mayor capacidad explicativa a las variables antropológicas que a las ideológicas, convendría que Quico concretara con mayor precisión qué gestos o actos públicos lleva vanamente esperando de su partido desde hace 64 años. Si se da por satisfecho con una declaración genérica en la que, sin más precisiones, se condenen las ejecuciones o asesinatos «inaceptables» de militantes promovidos por la propia organización en los años de plomo, la Comisión Ejecutiva no debería esperar ni un segundo para atender tan justa demanda y darle la satisfacción que él y los familiares de los inmolados se merecen. Ahora bien, si el acto de contrición y catarsis que se pretende incluye la identificación y rehabilitación de todos los represaliados por la organización comunista, no conviene soslayar que algunas de las víctimas se pusieron al servicio del aparato policial franquista. Situados en aquel sórdido contexto, ¿nos parece reprobable que se recurriera a cualquier procedimiento para contener las dramáticas secuelas de cada redada y preservar la integridad de la militancia? Como ante este interrogante titubean nuestros principios éticos, incluso desde parámetros actuales, cabría acotar que la reparación demandada debería afectar a quienes hubieran sido eliminados en un contexto de depuración política, quedando excluidos los militantes que devinieron en delatores convictos o confesos. Este pertinente y prioritario deslinde no está exento de dificultades, ya que las fuentes de información disponibles no suelen ser concluyentes. Al propósito deliberado de muñidores y sicarios de no dejar rastro de su sevicia a la hora de perpetrar el crimen, se unió con frecuencia el mistificador empeño de revestir la disidencia, la desobediencia o la indisciplina con el ominoso ropaje de la traición.

No se debe descartar que, una vez verbalizado o escenificado públicamente el error cometido con los inmolados, habrá quien no se sienta satisfecho y demande que se desestigmatice también a todos los abnegados camaradas injustamente condenados a una mortificante dammatio memoria por haber exhibido públicamente sus discrepancias, por no sumarse al coro de los aduladores de la dirección de turno, por haber sobrevivido a un campo de exterminio, por rechazar algún cometido, por dar pruebas de debilidad durante un interrogatorio, por incurrir en algún desliz, por abandonar la lucha en el interior y exiliarse o por titubear ante las sagradas certezas que acríticamente debía asumir todo militante. Aunque las medidas adoptadas en estos casos no hubieran sido tan drásticas, la apertura de una vorágine revisionista de esta laya podría derivar en que se exigiera la rehabilitación de los degradados o expulsados, de los condenados al ostracismo, de los confinados en un remoto destino de cualquier país del este o de los enviados a España, «a la base del Partido», para que purgaran frente al enemigo los citados pecados. Puestos a no dejar títere con cabeza, se podría añadir como cargo que, al menos durante los años cuarenta, este castigo implicaba una quimérica misión que, casi siempre, se saldaba con el sacrificio estéril del activista, ya que la mayoría murió en el empeño. ¿Cabría también exigir algún tipo de responsabilidad o algún gesto de reconocimiento por estas muertes?

Ahora bien, el veterano guerrillero no puede ignorar que dirige su demanda a un partido en los antípodas, por praxis política y funcionamiento orgánico, del que perpetró los atropellos que enérgicamente condena. Desde los años cincuenta del siglo pasado en adelante, con sobresaltos y vaivenes, los procesos convergentes de desmilitarización y desestalinización del PCE discurrieron parejos al paulatino arraigo de los procedimientos y prácticas democráticas que caracterizan a la organización en la actualidad. Por ello, pese a la continuidad de siglas y símbolos, los dirigentes y militantes del presente se sienten tan concernidos por los hechos denunciados como el descendiente que descubre un proceder poco edificante en la conducta de alguno de sus antepasados. La existencia de un vínculo consanguíneo, como la militancia política en una misma organización, establece un nexo, pero no obliga a compartir ni a responder por los actos cometidos por otros en circunstancias, como hemos visto, radicalmente distintas. No es descartable que la mayoría de la militancia desconozca los pormenores de los cargos que en el alegato de Quico se formulan o, en el caso de conocerlos, que considere compatible el compromiso político adquirido con no asumir en su integridad la trayectoria de la organización a la que se pertenece.

Del ominoso silencio no cabe extrapolar que exista el propósito deliberado de ocultar, por puro tacticismo político, las tropelías cometidas «para no hacer el juego al enemigo», como sostiene Quico. Cierto es que el PCE hasta ahora no se ha mortificado públicamente con el cilicio de su pasado más incómodo, pero tampoco ha salido a la palestra cada día reclamando que sea saldada la deuda que todos tenemos pendiente con sus inmolados por la dictadura franquista y quienes se sacrificaron en desigual pulso contra ella. Aquellas aguas del olvido no se remueven porque bajaron turbias, pero también por desidia, porque otras prioridades, como la subsistencia de la propia organización, absorben no pocas energías, y porque la amnesia histórica es un rasgo diferencial de nuestro debate político desde la transición democrática. La rehabilitación de Estanillo por el Comité Central del Partido Comunista de Galicia y el insólito gesto de su secretario general, Carlos Portomeñe Pérez, depositando el 2 de septiembre de 2009 un ramo de flores y una bandera republicana ante su tumba en Moalde fue la golondrina solitaria que no hace verano.

Y aun sin escenificar públicamente un acto de contrición que proporcionaría una gratificante satisfacción a los familiares de los represaliados, no se deberían desdeñar las acciones promovidas por el PCE para, sin alharacas, rehabilitar a quienes fueron víctimas de sus prácticas estalinistas. Las dudas que Quico tuvo antaño hoy pueden ser certezas porque la organización comunista ha abierto las puertas de su archivo de forma irrestricta a todo aquel que quiera consultarlo. Desde su legalización en España ha promovido jornadas de estudio, debates y publicaciones, como un libro sobre la guerrilla antifranquista durante los años cuarenta, en los que no se ha vetado ningún contenido, por crítico que fuera con la trayectoria de la organización, siempre que fuera expuesto con fundamento y rigor. Con la misma amplitud de criterio y libertad intelectual, la Fundaciónde Investigaciones Marxistas ha promovido dos congresos sobre la historia del PCE en los que se pudieron analizar sin tapujos ni censuras las prácticas condenadas por Quico. De esta insólita expresión de transparencia, ausencia de censura y capacidad de autocrítica han venido haciendo gala hasta el presente las distintas publicaciones periódicas promovidos por la FIM, cuyas páginas no se han cerrado a quienes han querido transitar por los desagües más recónditos del Partido. Tal vez este proceder no colme los anhelos de los familiares de las víctimas o de quienes, como Quico, fueron protagonistas de aquellos trágicos episodios, pero satisface las expectativas de quienes estamos convencidos de que el conocimiento nos hará más libres.


lunes, 29 de octubre de 2018

Jornada sobre Memoria Histórica en el Campello

Jornada sobre Memoria Histórica en el Campello.

Organizada por la Asociación Guerra y Exilio País Valenciano (AGE-PV). Se celebrará en el salón de actos del Centro Social de El Campello, Av. de l'Estació, 16,  el sábado 10 de noviembre de 2018 a las 10 horas.

Contará con las intervenciones de José Miguel Santacreu Soler y Carlos Salinas Salinas.

Sobrevivir a la represión franquista es la conferencia de José Miguel Santacreu Soler, Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante, director de la Cátedra Interuniversitaria de Memoria Democrática de la Comunitat Valenciana en 2017  y director del grupo de investigación España Contemporánea de la Universidad de Alicante.

La represión franquista en El Campello es el tema de Carlos Salinas Salinas, editor del libro Alicante en guerra. La vida en la retaguardia, Catedrático de Instituto e Investigador, nos hablará sobre los represaliados de El Campello, a quien el investigador ha puesto nombres y apellidos.

Andreu Garcia i Ribera, abogado, moderará el acto y, en representación de AGE-PV, expondrá la postura de la Asociación sobre el tratamiento legal de la Memoria Histórica en la actualidad.